Fotografía: Especial

 

En el marco de las acciones inmediatas que el Gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, ha establecido para la reconstrucción de la paz, las instituciones de seguridad y justicia estatales han obtenido resultados claros y contundentes en contra de la violencia y la delincuencia durante las primeras dos semanas de administración.

Con base en la puesta en marcha de tareas operativas para combatir la impunidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) judicializó 176 carpetas de investigación y obtuvo 96 vinculaciones a proceso.

Dentro de los resultados, la División de Investigación ejecutó 52 órdenes de aprehensión. Los delitos por los que se cumplieron dichos mandamientos judiciales y se obtuvieron las vinculaciones a proceso fueron por homicidio, violación, abuso sexual, robo, lesiones, fraude, violencia familiar, narcomenudeo, sustracción de menores, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, robo de vehículo, entre otros.

Las acciones por parte de la Procuraduría fueron prácticamente en todos los distritos judiciales, con el apoyo del equipo ministerial de la dependencia estatal.

En tanto que, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ha desplegado e intensificado los dispositivos de prevención y atención de emergencias a través del C5i y la Policía Estatal, con la asistencia de tecnologías y herramientas operativas.

Con lo anterior ha sido posible, desde el pasado 5 de septiembre, el aseguramiento de 32 personas relacionadas con hechos posiblemente constitutivos de delitos como narcomenudeo, robo, allanamiento, portación de arma de fuego, entre otros, y que quedaron a disposición de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Además, 169 personas fueron remitidas por agentes estatales ante jueces conciliadores de diferentes ayuntamientos por incurrir en faltas administrativas sancionadas por la autoridad municipal.

A ello se suma la recuperación, por parte de operativos de ambas instituciones, de 83 vehículos con reporte de robo y/o alteraciones en sus medios de identificación.

Los objetivos se cumplieron a partir del inicio de políticas en materia de defensa y protección de derechos humanos, así como de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, alineadas a las políticas públicas estatales puestas en práctica de manera inmediata.

Las estrategias de inteligencia y coordinación con instituciones federales y municipales impulsan la transparencia y el ejercicio de la acción penal en cada una de las tareas de prevención, combate e investigación, y facilitan a la población el acceso a la justicia.