Fotografía: Especial

 

El asesinato de un niño de dos años en Santiago de Anaya, quien presuntamente sufrió violencia física y sexual antes de morir, fue condenado por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Karla Perales Arrieta, quien exigió que los responsables reciban todo el peso de la ley y llamó a la sociedad a no ignorar posibles casos de maltrato infantil.

“Que caiga todo el peso de la ley como debe de ser y que esto sirva de ejemplo para que no haya impunidad”, expresó la presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia del Congreso local.

La legisladora señaló que durante sus audiencias ha recibido casos de abuso y violencia contra menores, los cuales canaliza a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), según corresponda.

Aunque consideró que la LXVI Legislatura ha avanzado en la creación de leyes para proteger a la niñez, advirtió que la violencia evoluciona y exige mantener actualizados los mecanismos de prevención.

“Es importante estar informado porque cuando tú avanzas un paso, la delincuencia ya avanzó dos más”, afirmó.

Perales Arrieta también cuestionó la omisión social ante posibles agresiones, al señalar que alguien pudo advertir el contexto de violencia que enfrentaba el menor.

“Alguien se tuvo que dar cuenta que ese niño estaba en un contexto de mucha violencia”, expresó, e insistió en que denunciar puede marcar la diferencia para una niña o un niño que enfrenta maltrato.

De acuerdo con la información de la PGJEH, la denuncia se presentó el 19 de octubre de 2026, luego de que el niño ingresara al Hospital Regional de Taxhadó.

La investigación señala que los hechos ocurrieron en la localidad de El Jagüey, en Santiago de Anaya, donde Miguel Ángel N y Mirari Matzin N presuntamente ejercieron violencia física y sexual contra el menor, provocándole lesiones que afectaron su salud y derivaron en su muerte.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público judicializó el caso y presentó a los dos imputados ante un juez en audiencia inicial, donde les atribuyó los delitos de homicidio doloso calificado agravado, violación equiparada agravada y violencia familiar equiparada agravada.

Ambos fueron vinculados a proceso y permanecen recluidos en el penal de Actopan mientras continúa el procedimiento judicial.

 

KNM