Fotografía: Erick Perales
Alrededor de 600 trabajadores del Poder Judicial de Hidalgo podrían perder su estabilidad laboral, ante un nuevo esquema de evaluaciones que, de acuerdo con sus representantes sindicales, condicionaría la permanencia en sus cargos y pondría en riesgo sus plazas de base.
La mañana del viernes, empleados del Poder Judicial marcharon desde las instalaciones ubicadas sobre el bulevar Colosio hasta la Glorieta 24 Horas, a la altura del puente atirantado, para exigir condiciones laborales justas y rechazar evaluaciones que consideran arbitrarias.
Marco García Solís, líder sindical y secretario de juzgado, señaló que el paro de labores responde a lo que calificó como una simulación para retirarles sus bases bajo el argumento de evaluar su desempeño.
“Están disfrazando con un tema de evaluación quitarnos las bases”, denunció.
Explicó que, bajo el nuevo acuerdo, incluso quienes obtengan calificaciones de 95 o 100 puntos recibirían únicamente dos años de trabajo, pese a que muchos cuentan con una plaza definitiva y hasta 20 o 25 años de servicio.
Aunque reconoció que las evaluaciones permiten acceder a cargos como actuarios y secretarios, cuestionó que no existan criterios especializados para cada función.
Por ello, propuso que personal del órgano de administración realice pruebas prácticas sobre las actividades de cada puesto y que, en caso de resultados insatisfactorios, se ofrezcan cursos de capacitación antes de aplicar medidas laborales.
El acuerdo entró en vigor el 5 de noviembre y contempla evaluar a oficiales judiciales, actuarios y secretarios de juzgado. García Solís afirmó que el paro es total en Hidalgo y forma parte de un movimiento respaldado por trabajadores de 25 ciudades del país.
KNM
