El Estado de Hidalgo fue una de las primeras entidades federativas en alinear sus disposiciones e instituciones al Sistema Nacional Anticorrupción que surgiera por mandato constitucional en su artículo 113 del Código Supremo; en dicho numeral el mencionado sistema se definió como la: “… instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.”