Fotografía: Especial
El gobernador Omar Fayad recibió de Raúl Arroyo, el diagnóstico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, que revela el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en la entidad.
Con la presencia de María Novoa, coordinadora del programa de justicia México Evalúa, y en voz de ella, se hizo un amplio reconocimiento a Hidalgo, por la visión y compromiso de su mandatario estatal, de realizar una evaluación completa, con la participación de todas las áreas involucradas en el tema.
Y esto último, dijo María Novoa, es lo que convierte a Hidalgo en referente y ejemplo nacional, «porque aunque hay otras entidades federativas que ya han llevado a cabo el diagnóstico, la entidad es la única que ha logrado la participación de todas las instituciones y dependencias que intervienen en el Sistema de Justicia Penal».
Estas son: Poder Judicial, Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, Secretaría de Seguridad Pública y Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Novoa señaló que el documento contiene observaciones que indican áreas de oportunidad importantes en todo el proceso, desde la actuación de la policía como primeros respondientes, hasta la actuación del Poder Judicial.
Explicó que el diagnóstico que estuvo a cargo de México Evalúa, con el financiamiento de la fundación Fredich Naumann para la Libertad en México, refleja un hecho atípico en cuanto al panorama nacional, pues durante los últimos cuatro años, en Hidalgo la confianza ciudadana ha provocado el incremento de las denuncias o querellas ante la PGJEH.
Esto se debe, dijo, a que hay incentivos positivos por parte de la PGJEH y a que ha logrado condiciones favorables para que la población acuda a denunciar.
Señaló también que se observan problemas de capacidades y condiciones que no se lograron subsanar durante los ocho años de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por lo que es importante darles solución y continuar con esa disposición, compromiso y voluntad que hay en el gobierno de Hidalgo, de mejorar hasta consolidar la Política Criminal del estado.
En este sentido, el gobernador Omar Fayad explicó que el respaldo a este proyecto integral es prioritario para su gobierno y expresó que desde todas las áreas de la administración estatal se aportará trabajo para consolidar un cambio en el sistema de justicia en el estado e invitó al Poder Judicial a sumarse en este esfuerzo que tiene como objetivo, dijo, colocar a Hidalgo en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a procuración e impartición de justicia.
Señaló que después de ocho meses de compromiso público de trazar las líneas de trabajo a partir de un diagnóstico, ahora lo más importante es continuar y dar seguimiento a las recomendaciones que surgieron de esta evaluación, por lo que se comenzará con el plan estratégico y la reingeniería pertinente, que se traducirá en mejores servicios para la población.
El procurador general de justicia en el estado, Raúl Arroyo, expresó que para lograr el diagnóstico fue fundamental el respaldo y confianza del gobernador, así como la colaboración del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobierno a través de la Defensoría Pública de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Secretariado del Consejo de Seguridad Pública del estado de Hidalgo.
Subrayó que la reingeniería tiene que motivar a la creación de un nuevo esquema de operación que irá acompañado del diseño de la Política de Persecución Penal, cuyo estudio estará a cargo de la organización internacional Open Society Foundations y concluirá con la determinación de la Política Criminal del estado de Hidalgo, para la que ya se cuenta con la asesoría del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Finalmente, Siegfried Herzog, representante de la fundación Fredrich Naumann para la libertad en México, destacó que el organismo al que pertenece encontró un plan serio para la reestructuración del sistema de justicia en Hidalgo, razón por la que decidieron financiar el proyecto y dar acompañamiento en este proceso.
La presentación se llevó a cabo en la sala de juntas del despacho del gobernador, con la asistencia de Blanca Sánchez Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; José Luis Romo Cruz, secretario ejecutivo de las Políticas Públicas; Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad y Prospectiva y de Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; así como de funcionarias y funcionarios de la PGJEH