Fotografía: Especial
Para garantizar que las personas que hayan ejercido violencia en contra de las mujeres, violencia familiar o quienes sean deudores de pensión alimenticia no puedan acceder a un cargo popular local, la diputada local, Lisset Marcelino Tovar, propone elevar a rango constitucional estos hechos como causales de inelegibilidad.
Indicó que la ciudadanía hidalguense está obligada a tener un modo honesto de vivir, llevar una vida decente, razonable y justa, por lo que quien aspire a una candidatura por la vía de partidos políticos como por la vía independiente no podrá ser elegible para acceder a la gubernatura, una diputación o ser integrante de un ayuntamiento si no cumplen con estos requisitos.
Señaló que en 2020 en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se incluyó como causa de inelegibilidad el que alguien haya sido responsable por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que para reforzar este andamiaje jurídico, se busca incluir en la Constitución Política del Estado de Hidalgo factores adicionales de causa de inelegibilidad como la violencia contra mujeres, por violencia familiar o que sean deudores.
«Al incluirse una causal de inelegibilidad en la Constitución del Estado y no en el Código Electoral, se garantiza que los sujetos responsables de violencia contra la mujer no puedan deslindarse alegando que dichas causales no están contempladas en el marco constitucional» dijo, pues lo que se busca es disuadir estas conductas para así incidir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Finalmente, manifestó que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), será el encargado de crear y operar el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, Familiar y de aquellas que tengan un adeudo alimenticio.
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