Fotografía: Especial
En el marco de las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó el lunes órdenes de aprehensión contra Analía F.P., directora del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mixquiahuala, y Luis C.M., jefe de custodios.
El incidente ocurrió cuando un grupo armado interceptó a los agentes procesales que trasladaban a los reos, presuntos secuestradores, logrando rescatarlos sin encontrar resistencia.
Las órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control fueron ejecutadas en la ciudad de Pachuca, después los detenidos fueron trasladados al Cereso, donde permanecerán en espera de su audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.
Además de las recientes detenciones, dos agentes procesales involucrados en el traslado ya fueron vinculados a proceso.
Este martes, el gobernador Julio Menchaca fue abordado por medios de comunicación para conocer su postura respecto a las últimas cuatro detenciones.
“Se faltó a un protocolo y debe de tener responsabilidades. Quienes iban con los procesados tienen que asumir responsabilidades, sobre todo en un delito grave como el secuestro”, manifestó.
Al cuestionarle sobre si las consecuencias alcanzarían al secretario de Seguridad en el estado, el gobernador manifestó que “hasta donde llegue”, refiriéndose a las investigaciones.
Por su parte, Rebeca Aladro, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, aseguró que se implementarán medidas para evitar que incidentes como este se repitan.
“Vamos a hacer uso de los medios electrónicos para que no tenga que haber movilidades”, comentó al destacar que el objetivo es reducir la necesidad de traslados físicos de los reos.
La magistrada explicó que en el futuro las personas que estén involucradas en un juicio no tendrán que desplazarse a los juzgados, sino que serán las autoridades quienes se encarguen de realizar los traslados necesarios.
En este sentido, destacó que las audiencias y las diligencias podrían realizarse mediante videoconferencia: “El problema es el traslado”, afirmó la magistrada, al subrayar que este aspecto fue uno de los factores que contribuyó a la fuga de los reos.
Aladro Echeverría también mencionó que los nuevos protocolos de seguridad se implementarán en el menor tiempo posible para garantizar la seguridad en el traslado de los internos.
Asimismo, indicó que algunas localidades como Tizayuca, Metztitlán, Zacualtipán, Mixquiahuala y Atotonilco presentan dificultades debido a su lejanía con los juzgados penales, lo que afecta el proceso de traslado y puede contribuir a situaciones de riesgo como la ocurrida el 5 de noviembre.
La magistrada concluyó diciendo que se están trabajando en soluciones tecnológicas y operativas para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de justicia en Hidalgo.
Según las autoridades, los elementos de seguridad detenidos podrían enfrentar penas de más de diez años de prisión por omisión en el cumplimiento de su deber al no oponer resistencia durante el rescate de los reos.
