Fotografía: Cris Huerta
Durante 2024, el Poder Judicial de Hidalgo registró 141 suspensiones condicionales de procesos relacionados con violencia de género y familiar, así lo reveló Rebeca Aladro.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) explicó que “la responsabilidad de los jueces en estos casos se limita a cumplir con los requisitos legales”, y enfatizó que “la autonomía e independencia de los juzgadores son principios fundamentales que se respetan”.
Aladro señaló que si bien los jueces están obligados a actuar conforme a derecho, “cualquier intervención en sus funciones debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos”.
En otro tema, informó que no existen denuncias actuales contra jueces o juezas en funciones por violencia de género.
Sin embargo, confirmó que la jueza Janet Montiel es investigada por la Unidad de Responsabilidades tras una queja social en su contra por el lamentable caso de Rosaura; dependiendo de los hallazgos podrían derivarse sanciones, incluida la destitución del cargo, dijo.
Por otro lado, la magistrada abordó la sustitución de la magistrada Ana Gabriela Ortiz Pacheco, quien falleció recientemente.
Explicó que “el proceso está estipulado en la ley y recae en el gobernador, quien deberá proponer candidatos al Congreso para su votación”, por lo que mientras se define su reemplazo, el secretario general del TSJEH podría asumir temporalmente sus funciones.
Sobre las denuncias de presunto nepotismo en el Poder Judicial, Aladro aseguró que “cualquier vínculo familiar o personal entre trabajadores se encuentra regulado por ley, la cual prevé mecanismos como las excusas para evitar conflictos de interés” y negó la existencia de favoritismo o contrataciones irregulares.
