Fotografía: Especial
La situación jurídica del exalcalde con licencia de Progreso, Armando Mera tuvo un giro la noche de este jueves, tras abandonar el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, luego de acogerse a un procedimiento abreviado dentro del proceso penal que enfrentaba por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
El también excandidato a diputado por el PT en Mixquiahuala reconoció su responsabilidad en conductas que causaron afectaciones a la administración pública, lo que permitió a la autoridad judicial emitir una sentencia condenatoria sin llegar a la etapa de juicio oral.
Como resultado de este mecanismo legal se le impuso una pena de cuatro años de prisión, además del pago de 4 millones 670 mil 369 pesos por concepto de reparación del daño patrimonial.
Al tratarse de una condena menor a cinco años, la legislación vigente contempla la posibilidad de conmutar la pena, ya sea mediante esquemas de semilibertad o a través de trabajo en favor de la comunidad, lo que derivó en la liberación del exfuncionario, pese a que la sentencia permanece firme.
El caso de Armando Mera se remonta a abril de 2024, cuando fue detenido y posteriormente vinculado a proceso.
En una audiencia celebrada el domingo 28 de abril de ese año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) expuso los elementos de prueba que sustentaron la imputación en su contra.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 15 de marzo por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Según informó su titular, Jorge Valverde Islas, durante la revisión de la cuenta pública 2022 se detectaron irregularidades por un monto de 10.7 millones de pesos, de los cuales al menos 5.7 millones no pudieron ser debidamente comprobados.
El exalcalde con licencia de Progreso y excandidato a diputado local por el Partido del Trabajo en el distrito de Mixquiahuala, cerró así un capítulo judicial marcado por señalamientos de manejo irregular de recursos públicos, cuyo desenlace incluyó una sentencia condenatoria y la obligación de resarcir parte del daño causado.
FMS
