Fotografía: Especial
Acusar deliberadamente a un docente con hechos falsos podría costar hasta dos años y seis meses de prisión, además de una indemnización de aproximadamente 58 mil pesos por daño moral, de acuerdo con una iniciativa presentada por integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza Hidalgo en el Congreso local.
La propuesta, impulsada por José María Alejandro Pérez Ramírez, Marlene Trejo y Jorge Argüelles Salazar, plantea adicionar dos párrafos al artículo 313 del Código Penal estatal para sancionar a quienes oculten la verdad ante una autoridad con conocimiento de que sus declaraciones son falsas y con la intención de perjudicar a trabajadores de la educación.
Durante la exposición, Pérez Ramírez aclaró que la reforma no busca limitar el derecho de estudiantes o padres de familia a denunciar.
“Denunciar de buena fe es un derecho. Mentir deliberadamente ante una autoridad para perjudicar a alguien es una conducta cobarde y que debe tener consecuencias jurídicas”, sostuvo.
El legislador señaló que las acusaciones falsas pueden afectar la trayectoria profesional, estabilidad familiar y patrimonio de los docentes, quienes deben destinar recursos y tiempo para defenderse.
La iniciativa toma como referencia el debate generado por el caso de la maestra Tere, en Querétaro, conocido como “Ley Tere”, y busca proteger a personal docente, directivo, de supervisión y apoyo educativo de instituciones públicas y privadas.
KNM
