Fotografía: Especial

 

La falta de información sobre el procedimiento administrativo iniciado contra el síndico procurador de Singuilucan, Donato de Jesús Ramírez Olvera, llevó a las regidoras Ali Deniss Martínez Romero y Areli López Alcántara a solicitar la intervención de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, para que revise la actuación de su homóloga municipal y esclarezca qué seguimiento se ha dado a las acusaciones.

La petición fue presentada el 15 de octubre de 2026 ante el titular de la dependencia estatal, Álvaro Martín Bardales Ramírez, mediante un escrito en el que las integrantes del Cabildo expusieron que no cuentan con datos sobre el expediente derivado de la denuncia que previamente fue entregada a la Contraloría de Singuilucan.

De acuerdo con el documento, Ali Deniss Martínez Romero fue quien interpuso formalmente la queja contra el síndico; sin embargo, hasta la fecha de presentación del nuevo escrito no había recibido información sobre el número de expediente, quién tiene a su cargo la investigación, en qué etapa se encontraba o si ya existía alguna resolución.

Ante este escenario, ambas representantes populares pidieron a la instancia estatal intervenir para verificar el trámite, solicitar un informe a la autoridad municipal y determinar si hubo omisiones en la atención y comunicación del caso.

También requirieron que se les informe por escrito sobre las actuaciones realizadas y las razones de cualquier restricción para acceder a la información del procedimiento.

En caso de que la Secretaría estatal no tenga atribuciones para resolver el asunto, solicitaron que identifique y remita el caso a la autoridad competente.

En el escrito precisaron que su inconformidad se centra en la ausencia de información y no necesariamente en la inexistencia de actuaciones por parte de la Contraloría Municipal, por lo que buscan conocer qué ha ocurrido con la investigación.

La denuncia administrativa contra Donato de Jesús Ramírez Olvera tiene su origen en un incidente ocurrido el 30 de mayo de 2026, durante las celebraciones patronales en honor al Señor de Singuilucan.

Según la relación de hechos integrada en la queja original, entre las 22:00 y las 23:00 horas, el síndico procurador habría protagonizado un episodio de agresividad en las inmediaciones de la Presidencia Municipal, donde presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia.

Las personas que promovieron el procedimiento señalaron que el funcionario habría insultado y amenazado a ciudadanos, además de incurrir en comportamientos que consideraron incompatibles con las responsabilidades de su cargo.

Entre los señalamientos destaca una presunta amenaza de muerte pronunciada frente a otras personas: “¡Te voy a matar!”, frase que, de acuerdo con los denunciantes, quedó registrada en una grabación que posteriormente circuló en redes sociales.

El material audiovisual, de 51 segundos de duración, fue ofrecido como prueba técnica y documental para respaldar las acusaciones.

Asimismo, solicitaron incorporar informes y registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría General del Ayuntamiento que pudieran contribuir a esclarecer las circunstancias del incidente.

En la denuncia, los promoventes consideraron que los hechos podrían constituir faltas administrativas graves por amenazas, abuso de autoridad y comportamiento indebido, al señalar que el servidor público habría vulnerado los principios de legalidad, respeto y decoro que rigen el ejercicio de la función pública.

Por ello, solicitaron a la Contraloría Municipal admitir la denuncia, desarrollar la investigación y, en caso de acreditarse la responsabilidad del funcionario, imponer las sanciones correspondientes, entre ellas su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

A casi cinco meses de aquel incidente, la falta de información sobre el curso de la investigación motivó que las regidoras llevaran el asunto ante la Contraloría estatal, con la intención de conocer el estado que guarda el expediente y evitar que la denuncia permanezca sin una respuesta institucional.

 

KNM