Fotografía: Nelly Téllez
El exsubsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), P. P. M., está acusado por el delito de peculado por un monto de alrededor de 626 millones de pesos en agravio de la administración pública estatal, para lo cual el Ministerio Público del estado de Hidalgo ha solicitado tres órdenes de aprehensión, de las cuales una ya se hizo la primera vinculación.
Carlos Emigdio Arozqueta Solis, apoderado legal de la SEPH, explicó que, P. P. M., está acusado por el mismo delito de peculado; pero que no fueron en las mismas circunstancias, motivo por el cual se deben realizar audiencias individuales porque cada hecho delictivo debe tener su propia investigación y tratamiento específico.
No obstante, refirió que si la defensa lo considera conveniente se podría solicitar una acumulación para llevar un solo procedimiento, aunque hasta este momento no se ha solicitado esta herramienta jurídica y de todos modos, todavía tendría que analizarse si es procedente conforme a las normas legales.
Detalló que las tres audiencias que se deben desarrollar en los Juzgados de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) son iniciales porque se le imputan hechos distintos aunque por el mismo delito de peculado, uno por 68 millones de pesos, el segundo por 126 millones de pesos y el otro es de 432 millones de pesos.
Cabe mencionar que el día de hoy se llevaría a cabo la segunda audiencia pública a mediodía; sin embargo, no se pudo realizar debido a que el imputado estaba solo, sus abogados particulares no estaban presentes, el juez en turno le explicó que al estar sin defensa la audiencia no se podría llevar a cabo porque de hacerlo carecería de legalidad.
De este modo le planteó a, P. P. M., proporcionarle una defensoría pública para darle continuidad al procedimiento o esperar a sus abogados, a lo que el imputado optó por rechazar al abogado de oficio y en su lugar pedir una prórroga de cinco horas con el propósito de que fueran sus propios abogados los que llevarán el caso, quienes estaban ausentes por motivos laborales.
El imputado se veía tranquilo, su voz no mostraba nerviosismo, tanto sus palabras como su actitud desbordaba una ecuanimidad pulcra. El juez de control refirió que en ese caso no se le puede obligar a tener un defensor; pero que no se podía rebasar el tiempo solicitado, pues el tiempo corre y no se puede retrasar por mucho tiempo el procedimiento, pues debe tener continuidad y evolución.
SJA