Fotografía: Cris Huerta
Este jueves, Julio Menchaca presentó ante el Congreso del estado una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de transformar el Poder Judicial de la entidad, alineándolo a los principios de la reforma federal en la materia.
El gobernador de Hidalgo destacó que en su propuesta incluyó “un toque personal” y resaltó que esta reforma representa “la oportunidad de poder tener un Poder Judicial estatal fortalecido y de atender el reclamo social de justicia”.
La propuesta contempla que la renovación del Poder Judicial se lleve a cabo en 2027, en un proceso de elección concurrente con las elecciones federales, municipales y legislativas locales de ese año.
Uno de los puntos clave es que quienes aspiren a un cargo judicial deberán acreditar su capacidad mediante un examen de oposición, antes de ser considerados en la lista de candidaturas elaborada por los Comités de Evaluación de los Poderes del estado.
Entre los principales cambios de la iniciativa destacan la elección y permanencia de jueces y magistrados, con campañas de 60 días sin etapa de precampaña y sin financiamiento público o privado.
Las personas electas en 2027 ejercerán un periodo de seis o nueve años, dependiendo de su votación, con posibilidad de reelección sin que esto implique inamovilidad.
El gobernador enfatizó que su sello personal en la reforma es permitir que la ciudadanía conozca a los aspirantes, quienes “van a poder tener una campaña de 60 días en donde no puede haber recursos públicos ni privados”.
También se contemplan nuevas instituciones para la disciplina y administración judicial, como el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar las responsabilidades administrativas de jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial.
Además, se creará el Órgano de Administración Judicial, que asumirá las funciones del actual Consejo de la Judicatura, el cual desaparecerá con la entrada en vigor de la reforma.
En cuanto a la transparencia y eficiencia, se prohíbe al Poder Judicial la creación de fideicomisos, fondos o contratos análogos que no estén expresamente previstos en la ley.
Asimismo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa deberán resolver los asuntos en materia tributaria en un plazo máximo de seis meses, bajo riesgo de sanciones.
Finalmente, la reforma establece que quienes actualmente ocupan cargos judiciales podrán participar en la elección de 2027, salvo que declinen expresamente su candidatura o busquen un cargo distinto.
En caso de no participar o no resultar electos, tendrán derecho a una indemnización conforme a la legislación laboral aplicable.
