Fotografía: Octavio Jaimes

 

La declaratoria de Huapalcalco como Zona de Monumentos Arqueológicos, obtenida en junio de 2023 tras un proceso impulsado por la sociedad civil, fue revocada luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito ratificó la sentencia derivada del juicio de amparo 1340/2022-5, promovido por un ciudadano.

De acuerdo con los activistas de Niebla y Tiempo A.C, que encabezaron el movimiento para el nombramiento, la resolución obedece a irregularidades en el procedimiento realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y, una vez que se cumpla la sentencia mediante decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, Huapalcalco perderá la protección jurídica que le otorgaba esa categoría.

Alejandro Aldana, titular del colectivo, afirmó que la resolución no cuestiona el valor arqueológico del sitio, sino las fallas administrativas con las que se emitió el decreto.

“El decreto presentaba errores de origen”, sostuvo al señalar que el INAH tramitó la declaratoria como un procedimiento de oficio, pese a que fue resultado de una solicitud ciudadana tras siete años de activismo.

“Se cae por la insensibilidad del INAH, se cae porque el procedimiento del INAH fue deficiente, específicamente lo que tiene que ver con el artículo 8 de la Constitución Política que habla del derecho de petición”, añadió.

Ello porque al hacer la declaratoria, supuestamente se dejó fuera de consideración la propiedad de un ciudadano, quien promovió un amparo para que su predio no se contemplara como parte de la zona arqueológica.

Por su parte, Montserrat Barragán, otra de las titulares de la asociación, reconoció que la declaratoria permitió dar mayor visibilidad a Huapalcalco, aunque consideró que “el grave problema es la incongruencia y la forma de proceder del INAH”.

Los activistas aseguraron que se trata de la primera ocasión en que se revoca una declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos en México.

Además de perder la protección legal del sitio, advirtieron que también desaparece el precedente de participación ciudadana que hizo posible la declaratoria de 2023, considerada la primera en el país promovida por la sociedad civil organizada.