Fotografía: Especial
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) respaldó la reforma aprobada por el Congreso local, para garantizar la presunción de inocencia de docentes y personal administrativo señalados en denuncias, al considerar que existen casos en los que las acusaciones no corresponden con los hechos y los procedimientos pueden prolongarse durante meses o años.
El titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdés, explicó que la SEPH deberá definir con el Congreso del estado cómo llevar este principio a la práctica cotidiana, debido a que actualmente, ante una denuncia, existe la obligación de separar al docente de su centro de trabajo mientras se realiza la investigación.
“Cuando hay una demanda tenemos la obligación de separar a los maestros mientras se hace la investigación”, señaló. Sin embargo, afirmó que la dependencia también ha identificado “cientos” de casos en los que las acusaciones no corresponden con lo ocurrido, por lo que los profesores permanecen fuera de sus funciones mientras la justicia determina su responsabilidad.
Castrejón Valdés puntualizó que existen delitos en los que debe darse aviso inmediato al Ministerio Público, pero consideró que en otros casos debe prevalecer la prudencia, la mediación y el respeto tanto a los menores como a los adultos involucrados.
El funcionario recordó un caso ocurrido hace dos años, en el que una acusación de abuso escolar contra un alumno pasó de un señalamiento inicial a involucrar a varios menores, y posteriormente se determinó que había una presunta manipulación relacionada con el manejo del programa La Escuela Es Nuestra. A raíz de ese proceso, dijo, un profesor fue detenido y una directora permaneció durante años sin espacio laboral.
La postura de la SEPH ocurre después de que el 30 de julio el Congreso de Hidalgo aprobara, con 24 votos a favor, adicionar el artículo 117 Bis a la Ley de Educación estatal. La modificación establece que las autoridades educativas deberán respetar y garantizar la presunción de inocencia de trabajadores de la educación y evitar medidas que impliquen prejuzgar su responsabilidad.
La iniciativa había sido presentada en febrero por la diputada de Nueva Alianza Hidalgo, Mónica Leanett Reyes, quien planteó incorporar expresamente este principio ante las denuncias que, sin una resolución, pueden afectar la trayectoria profesional y vida personal del personal educativo.
