Fotografía: Erick Perales

 

La Contraloría de Hidalgo abrió una investigación por el presunto caso de nepotismo en la Secretaría de Cultura, luego de que la diputada morenista, Tania Meza Escorza, señalara una posible relación familiar entre la titular de la dependencia, Neyda Naranjo Baltazar, y su secretaria particular, Arely Mendoza Baltazar.

El contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó durante la conferencia de prensa de la secretaría que la dependencia desconocía el caso hasta el día previo, pero ya solicitó información a la Oficialía Mayor para esclarecer los señalamientos.

“El caso que se hace mención no teníamos conocimiento hasta el día de ayer y ya tomamos cartas en el asunto, todas las cosas que son denunciadas las atendemos, estamos solicitando la información de parte de Oficialía Mayor, lo mismo en el Centro de Salud en el laboratorio sanguíneo llevamos las investigaciones correspondientes”, declaró.

Advirtió que, si las indagatorias confirman una contratación indebida, la sanción recaería en quien autorizó la incorporación de la persona y no necesariamente en quien fue contratada.

Bardales Ramírez agregó que la mayoría de los cerca de 200 casos de nepotismo detectados por la Contraloría corresponden a ayuntamientos.

Como ejemplo, mencionó que en Tulancingo identificaron alrededor de cinco casos al inicio de la administración, cuyos involucrados ya no laboran en el gobierno municipal.

En materia de incompatibilidad laboral, detalló que la dependencia detectó a mil servidores públicos sin dictamen de compatibilidad; más de 900 regularizaron su situación mediante renuncias o separaciones de sus puestos, por lo que quedan menos de 100 casos pendientes.

También reportó 361 solicitudes de compatibilidad laboral, de las cuales cerca de 90 por ciento fueron rechazadas, así como 13 casos de remuneraciones que superaban los ingresos del titular del Ejecutivo estatal.

Además, la Contraloría abrió 112 investigaciones por omisiones relacionadas con la separación oportuna de cargos.

Ocho servidores públicos promovieron medios de defensa contra la dependencia, incluidos juicios de amparo y de nulidad, principalmente por casos de docentes que también desempeñaban otros cargos, entre ellos regidurías.

El funcionario sostuvo que en algunos expedientes se confirmó que los involucrados no acudían a laborar y no cumplían las condiciones para obtener un dictamen de compatibilidad favorable.

Aunque en ciertos casos se concedieron suspensiones provisionales, la Contraloría emitió nuevos dictámenes que mantuvieron una resolución negativa.

 

KNM