Fotografía: Karen Aicitel

 

“Adriana merecía protección, no indiferencia”, es una de las consignas con las que integrantes de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y los colectivos feministas Garzas Violetas y Mujeres del Tule exigieron justicia para Adriana Núñez, estudiante de Biotecnología del Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), quien perdió la vida el pasado 31 de octubre en Tulancingo.

A través de distintos pronunciamientos, los grupos señalaron posibles omisiones de las autoridades universitarias, debido a que según testimonios y versiones difundidas por estudiantes, presuntamente existían reportes y advertencias sobre situaciones de violencia que enfrentaba la joven, incluso dentro de las instalaciones de la institución.

La comunidad estudiantil identificada como La Voz Autónoma difundió una serie de exigencias dirigidas a las autoridades de la UAEH, entre ellas una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita esclarecer tanto los hechos como las posibles omisiones institucionales.

También solicitó transparencia sobre la existencia de reportes o denuncias previas y las medidas que presuntamente se habrían tomado para atenderlos, además de una revisión de los protocolos universitarios para prevenir y atender la violencia de género.

Entre sus demandas incluyeron mecanismos de denuncia accesibles, confidenciales y libres de represalias, así como garantías reales de protección y acompañamiento para estudiantes que atraviesen situaciones de violencia.

En su posicionamiento, el grupo cuestionó que las instituciones reaccionen únicamente después de que ocurren hechos graves y sostuvo que las estudiantes necesitan respuestas y acciones concretas.

“No queremos más comunicados vacíos. Queremos respuestas y acciones concretas”, expresaron.

Por su parte, el colectivo Garzas Violetas dirigió un pronunciamiento a las autoridades directivas de la UAEH, en el que manifestó que las expresiones de condolencias y solidaridad no son suficientes ante la muerte de una estudiante en circunstancias de violencia.

El grupo señaló que la ausencia de Adriana también obliga a cuestionar las condiciones de violencia, desigualdad e impunidad que continúan poniendo en riesgo la vida de las mujeres, tanto en Hidalgo como en el país.

Entre sus peticiones se encuentra una postura pública, clara y responsable de la universidad, el acompañamiento digno a sus familiares y personas cercanas, así como el respeto a la memoria y privacidad de la joven.

Además, insistió en que la seguridad de las estudiantes no puede considerarse un asunto secundario ni una responsabilidad que recaiga únicamente en ellas, pues las instituciones educativas deben contar con espacios seguros, escuchar las denuncias y actuar oportunamente.

“No queremos más discursos vacíos, protocolos que existan únicamente en el papel ni instituciones que reaccionen solamente cuando se ven comprometidas moral o legalmente”, señaló el colectivo.

Garzas Violetas también pidió que el nombre de Adriana no quede entre comunicados institucionales, estadísticas o silencios, sino que su caso permita revisar las condiciones de seguridad que existen para las mujeres dentro de la comunidad universitaria.

En tanto, Mujeres del Tule sostuvo que ningún feminicidio debe considerarse un hecho aislado y cuestionó los intentos de reducir la gravedad de lo ocurrido.

En su posicionamiento, el colectivo retomó los señalamientos sobre los presuntos reportes que se habrían presentado ante el ICAP por el comportamiento del ahora vinculado a proceso.

De acuerdo con su versión, profesores y tutoras habrían entregado oficios en los que advertían sobre la conducta violenta del señalado.

Por ello, consideró que la universidad tenía una responsabilidad de atender las alertas, canalizar el caso y procurar la seguridad de la estudiante, aunque los hechos en los que perdió la vida ocurrieron fuera de las instalaciones.

La colectiva pidió esclarecer por qué, presuntamente, no se habría actuado ante los antecedentes mencionados.

Otro de los puntos fue la denuncia de posibles presiones a medios de comunicación para retirar publicaciones relacionadas con la muerte de Adriana Núñez.

Señalaron que perfiles anónimos habrían solicitado eliminar información periodística mediante argumentos administrativos y referencias a imágenes de movilizaciones feministas públicas, situaciones que calificó como una campaña de censura y control de daños.

Ante ello, rechazó cualquier intento de limitar la difusión de información sobre el caso y pidió que no se desvíe la atención de los señalamientos relacionados con las posibles omisiones universitarias.

Las tres expresiones coincidieron en exigir respuestas a la UAEH, particularmente sobre los reportes que presuntamente recibió antes de la muerte de Adriana, las medidas que se tomaron y la manera en que se atendieron las advertencias.

Información de Karen Aicitel

KNM