Fotografía: Especial 

 

Ocho de cada 10 compras realizadas por el gobierno federal se realizan por adjudicación directa, ya que hasta noviembre de este año el Ejecutivo Federal ha adjudicado de manera directa 77 por ciento de sus contratos, esto con base en datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), según una publicación de El Sol de México.

“Hasta noviembre de 2019, CompraNet reporta que la administración actual adjudicó de manera directa 77 por ciento de sus contratos. Porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre 2010 y 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72 por ciento”, señala el informe del IMCO.

La nota firmada por Jacob Sánchez dice que el IMCO destacó tres temas que se deben mejorar en el país en sus compras públicas para cumplir con el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los tres temas son: poner la licitación pública como la principal modalidad de contratación al momento de realizar una compra pública; fortalecer los mecanismos de impugnación en estos procesos y mejorar los mecanismos de control social.

El documento señala que México tiene pendiente reforzar los mecanismos de impugnación de los fallos, lo que incluye la posibilidad de impugnar en casos de adjudicación directa, pues sostiene que es necesario que las empresas interesadas en venderle al gobierno, y otros actores relevantes, puedan reclamar inconformidades en los procedimientos de compra, incluso cuando estas no hayan sido invitadas a participar en el proceso.

Asimismo el IMCO recomienda mejorar los mecanismos de control social, ya que en todas las fases de contratación pública, desde la planeación hasta su ejecución, son necesarias herramientas de evaluación y vigilancia de cumplimiento con la normatividad.

Por tal motivo el Instituto dice que es necesario impulsar, revisar y reforzar la tipificación del cohecho internacional para mejorar los mecanismos de detección, investigación y sanción del delito, pues resalta que, de 1999 a diciembre del 2017, México inició únicamente tres investigaciones en contra de empresas, pero ninguna de ellas derivó en sanciones de algún tipo.

 

SJA