Fotografía: Nelly Téllez 

Ante un estado omiso y la falta de una reforma al artículo 158 del Código Penal del estado de Hidalgo para garantizar la interrupción del embarazo producto de una violación sexual de forma legal y segura, cada vez más mujeres están recurriendo a la Norma Oficial 046 para agilizar el proceso, indicó la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Hidalgo (Ddeser), Bertha Miranda Rodríguez.

“Tener una legislación que despenaliza evitaría que las mujeres sigan siendo revictimizadas y vivan en una situación de maternidad por resignación o imposición. Una ley que penaliza va a obligar a la mujer violada, a la que está en peligro su vida o a que cualquier mujer que se haya embarazado en cualquier circunstancia a que siga embarazada en contra de su voluntad” dijo.

Puntualizó que reformar para un aborto seguro y legal es para disminuir los casos de muertes por abortos clandestinos y para que la maternidad sea una elección, pues despenalizarlo no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo si no lo desea; pero se debe respetar la decisión de mujeres que por diversas causas quieren recurrir a este proceso.

Tan sólo en lo que va de 2018 han acompañado a 10 mujeres que sufrieron violencia sexual y quedaron embarazadas, quienes optaron por recurrir a la Norma Oficial 046 que es a nivel federal, toda vez que su propio estado es omiso y no puede garantizarles un procedimiento seguro y legal sin juzgar.

Esta norma señala que si una mujer está acusando un embarazo producto de una violencia sexual la mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y no se pide que esté la aprobación o la autorización de un juez o Ministerio Público, por lo que se evita todo el trámite burocrático y quedar a merced de un tercero que determina su maternidad.

“En el artículo 158 en el Código Penal del estado de Hidalgo ahí es donde se encuentra que el aborto no será punible si es producto de una violación y que esta se haya denunciado antes de saberse embarazada y que esté en un plazo de 90 días, lo ideal sería quitar la temporalidad, es decir, el plazo de los 90 días, la autorización, porque si el Ministerio Público o el juez no tiene voluntad o empatía no la dará, y la condicionante a denunciar antes de saberse embarazada” dijo.

La activista señaló que las y los legisladores deben pensar en las víctimas reales no en los ideales sociales, porque ellos y ellas se van; pero el trabajo se queda, aunado a que se debe pensar en las niñas y adolescentes que están sufriendo violencia extrema y que difícilmente pueden hablar y entrar en los supuestos legales del artículo 158.

“No es posible que te tengas que ir a otro estado para que te garanticen un derecho porque en tu estado de origen no es garante y es omiso en una responsabilidad que tiene de velar por los derechos de las personas” dijo.

 

ENCA