Fotografía: Especial

Luego de que el presidente Municipal independiente de Tlanalapa, Francisco Javier Hernández Cortes, tuviera que repetir su Segundo Informe de Labores en un lugar público, los integrantes del cabildo se comprometen a revisarlo de manera detallada para detectar o descartar cualquier anomalía y mientras tanto, le piden la destitución de algunos directores de área  que son acusados de actuar de forma déspota y prepotente con la ciudadanía.

Los integrantes de la Asamblea que estuvieron presentes en la plaza pública, quienes dijeron estar del lado de la ciudadanía, pronunciaron su inconformidad ante las diferentes acciones que se han tomado de manera unilateral durante los últimos meses por parte del alcalde, e incluso argumentaron que este fue el motivo que los orilló a no estar presentes el pasado 14 de septiembre en la sesión de cabildo en la que el munícipe rendiría su informe.

Precisó que la remoción de los directores de área ya se había realizado con antelación, porque se encuentran inconformes con su desempeño y el trato a la ciudadanía, ya que están acusados de ser déspotas y prepotentes, sin embargo, esta petición fue desechada por el alcalde, quien precisó que él es el encargado de escoger o decidir a quienes fungen como titulares de área.

Luego de precisar que una vez con el informe en su poder, los ediles llevarán a cabo una revisión exhaustiva, para determinar si hay o no anomalías en el uso de los recursos públicos, los regidores, dijeron que para el ejercicio fiscal 2018, ellos autorizaron un incremento histórico para el municipio que fue del 50 por ciento.

Destacaron que las obras de infraestructura se encuentran detenidas y sin avanzar, debido a la ineficiencia de los titulares de las áreas responsables y le increparon sobre el aumento a su salario, el cual asciende a los 46 mil 240 pesos, es decir casi 14 mil pesos más de los que ganaba su antecesor Arturo Ramírez Dimían, quien percibía  17 mil 600 de sueldo y una compensación de 15 mil pesos; además de solicitar la implementación eficiente de una política de asistencia social, a fin de proteger a los sectores más vulnerables

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