Fotografía: Especial

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, propuso una iniciativa que contempla incrementar la pena de hasta ochos de prisión a quienes conduzcan vehículos robados en la entidad o tres años si el comprador no tenía conocimiento de que la unidad era robada.

El coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó incrementar las responsabilidades por receptación de vehículos robados, pues consideró que también deben ser incluidos en el Código Penal de la entidad las personas que posean, acepten, vendan, enajenen, comercialicen objetos robados.

La iniciativa del ex edil de Tula estipula que la sanción podría ser de dos a ocho años de prisión y una multa económica equivalente a cinco veces el valor de la unidad, con lo cual consideró que disminuirá la comercialización de unidades robadas.

Para quienes adquieran vehículos sin conocer su procedencia podrían tener de uno a tres años de prisión y una multa económica equivalente a tres veces el valor de la unidad, con lo que buscará reducir la comercialización de automotores robados en el estado.

La propuesta será turnada a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que se discutan los temas relativos a las áreas de interés y en caso de su probable aprobación sea remitido al pleno legislativo.

 

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