Fotografía: Especial
Aunque el cierre de las Cárceles Distritales de Zacualtipán, Atotonilco el Grande y Tizayuca no es una acción sencilla, es un tema que debe de hacerse porque estos espacios no cumplen con los estándares mínimos de seguridad para fungir como Centros de Reinserción Social (Ceresos) porque no fueron diseñados para eso.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, explicó que si bien esta propuesta se emitió en el Diagnóstico Penitenciario del segundo semestre del 2018, no es un tema nuevo porque ya ha sido observado también por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en anteriores ocasiones.
No obstante, destacó que este cierre se tiene que resolver de manera interinstitucional, pues le tienen que entrar los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del estado Hidalgo, así como la Procuraduría General de Justicia, porque no se trata de ejecutar la acción por ejecutar.
Pues se requieren de recursos, de logística y de administración, elementos que no se tienen en estos momentos para atender el traslado de los reclusos a Ceresos o de llevar los asuntos a otros juzgados para que sigan su proceso en pleno cumplimiento con la ley relativa a la ejecución de penas la cual determina que las personas sentenciadas o juzgadas deben ubicarse en un lugar cercano a su domicilio.
Entonces se tendrá que trabajar en un plan oportuno, viable y con total coordinación entre estas instituciones para que no se deje ningún aspecto fuera o podrían terminar violentando el marco jurídico o los propios derechos de los reclusos en este proceso de cierre y reubicación.
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