Fotografía: Especial
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso lo que actualmente resulta ser una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya y 11 personas físicas más, así como a 33 personas morales por los presuntos delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
Según las investigaciones se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos, entre ellos Lozoya, y posiblemente financiar campañas políticas igualmente.
En el primer grupo las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos brindados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada.
En el segundo las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos.
Y en la tercera se encargó de enviarlos a empresas con características de fachada, las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos.
