Fotografía: Especial
Tras la aprobación de la declaratoria de zona de desastre para nueve municipios de la región de Tula-Tepeji, por las inundaciones, el gobierno del estado ha comenzado con la recabación de expedientes a través de los municipios.
Así lo informó el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, quien adelantó que se tienen 30 días hábiles para completar esta tarea, un reto con el que se enfrenta ante el número de damnificados por este desastre natural.
«Se deben seguir las reglas de operación y primero, debe elaborar un expediente por cada persona afectada tanto en sus viviendas como en sus negocios, esto, de forma independientemente de la infraestructura urbana y en algunos casos rural, que resultó afectada”, expuso.
Después de la integración de dichos documentos, éstos pasarán por una validación que ayudarán a determinar los recursos que inyectará la Federación para iniciar las tareas de reconstrucción de la zona, en la que resultaron afectadas más de 70 mil personas.
Agregó que Abraham Mendoza, delegado de programas para el Bienestar en el estado, les informó que el gobierno federal había autorizado, de manera inicial, una ayuda por 35 mil pesos por persona por daños en sus viviendas, «y en el caso de daños por cosecha, 4 mil 500 pesos por afectación agrícola».
Por otra parte, expuso que se ha hecho un trabajo coordinado, entre gobierno del estado, municipios y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en beneficio de las familias de los pacientes que se encontraban hospitalizados en el Hospital de Tula y que, lamentablemente fallecieron, por lo que se han atendido las peticiones de familiares de los centros hospitalarios que resultaron dañados por este desastre natural.
Además, desconoció el monto que alcanzan las afectaciones de los centros hospitalarios, y será a partir de que se integren los expedientes cuando las diferentes secretarías del gobierno federal determinen el tiempo en que estarán nuevamente listos para habilitarlos, «porque ellos procederán a hacer las obras y darán un calendario a los trabajos a realizar».
Indicó también, que otra tarea será la atención de las obras urbanas que también sufrieron daños, por lo que tendrán que ser removidos y «sobre todo, la obra principal que es el ensanchamiento del río Tula, y que hace tres años Conagua había destinado recursos y ya se había asignado el contrato y el recurso, pero grupos ambientalistas se opusieron a esta obra».
En este sentido, refirió que esta decisión fue poco acertada y “hoy vemos las consecuencias de no haber actuado con ese sentido de responsabilidad, pero creo que no nos debe de volver a pasar, aprender de las experiencias”.
Tras esta declaración, Vargas Aguilar expuso que «no hay un tipo penal para esa conducta, creo que fue un error, yo creo que ellos en su conciencia lo llevarán y sobre todo está el antecedente de que la sociedad, principalmente de Tula, conoce cuál fue el actuar de esas personas (los ambientalistas)”, concluyó.