Fotografía: Especial
Como parte de la política de cero corrupción al interior de la administración estatal, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo podría presentar más de 50 denuncias en contra de diversos servidores públicos del ámbito estatal y municipal por la probable comisión de delitos de corrupción.
Durante la comparecencia del secretario de Contraloría, César Román Mora Velázquez, ante integrantes del Congreso local informó que estas denuncias que se presentarán ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Hidalgo son por diversas faltas, denuncias que no se han podido presentar por falta de recursos y limitaciones por motivo de la pandemia.
Ya que como parte de estas investigaciones se tiene detectado un probable daño a la hacienda pública por un monto de más de 150 millones de pesos por parte de 38 municipios, lo que podría derivar denuncias o el inicio de los procedimientos de responsabilidades administrativas correspondientes.
Algunos de los municipios que están en la mira se encuentran Chapulhuacán, Huautla, Zimapán, Huejutla, Huichapan, Tepeapulco, La Misión, Tlanchinol y Xochiatipan, por mencionar algunos que han iniciado obras sin que estén debidamente validadas, porque no cumplen con la calidad de los materiales o con la normativa.
Mientras que en el caso de servidores públicos que también están en la lista negra porque se presume un acto por fuera de la Ley, se encuentran los ex diputados locales, Ricardo Raúl Baptista González, Nohemí Zitle Rivas, Areli Rubí Miranda Ayala y Viridiana Jajaira Aceves Calva, por mencionar algunos.
Refirió que hay mano dura, misma que se puede comprobar, ya que tan solo en la administración estatal anterior solo fueron sancionados 26 servidores públicos, mientras que en la actual se han sancionado a 1,617 servidores públicos y tan solo en lo que va de este 2021 se han impuesto 1,399 sanciones.
Derivado de esto, Hidalgo se ha posicionado a nivel nacional como el segundo estado con el mayor número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, lo que representa el 26% a nivel nacional, ocupando a su vez el tercer lugar con el mayor número de servidores públicos sancionados, es decir, el 14% de las cifras nacionales.
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