Fotografía: Especial
Ya no sería necesario contar con reconocida solvencia moral, ni tampoco será un obstáculo el haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año para ocupar la titularidad de los Órganos Internos de Control (OIC) de cinco entes gubernamentales en el estado de Hidalgo.
Pues así lo plantean Elvia Yanet Sierra Vite, Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, Jesús Osiris Leines Medécigo, Jorge Hernández Araus y José Antonio Hernández Vera, diputados integrantes de los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del Congreso local.
Como parte de los argumentos se establece que es injustificable y discriminatorio el hecho de solicitar el cumplimiento de estos requisitos, porque esto violenta el principio de reinserción social, por ello es necesario eliminarlos y evitar con ello ir contra los derechos humanos.
Por lo que las personas que estén en este supuesto podrían postularse a las convocatorias para ocupar la titularidad del OIC de la Auditoría Superior (ASEH, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH), el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y el Tribunal Electoral (TEEH), todos del estado de Hidalgo.
Incluso recordó que precisamente hace unos años atrás se emitió la acción de anticonstitucionalidad 140/2019, la cual se generó porque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra de una ley local de Hidalgo en la que se excedía la norma al pedir ser hidalguense, ya que únicamente se establece la nacionalidad mexicana como requisito.
Se coincidió en que estos elementos no son proporcionales y ni están justificadas para que de manera absoluta se prohíba la accesibilidad al empleo público, sobre todo cuando las penas y sanciones que fueron ejecutadas ya están cumplidas.
