Fotografía: Especial
Aunque la red penitenciaria del estado abarca 12 Centros de Reinserción Social (Cresos) distribuidos en distintas regiones del estado, todos comparten una misma condición: que operan con un estado de fuerza insuficiente.
El informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) revela que, con la información disponible, cada Cereso cuenta en promedio con apenas 17 personas de estado de fuerza, una cifra que resulta desproporcionada frente a poblaciones que van desde menos de 100 hasta más de 2 mil personas privadas de la libertad (PPL).
El organismo evaluó los Ceresos ubicados en Actopan, Apan, Jaltocán, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Tenango de Doria, Tula y Tulancingo, y concluyó que la insuficiencia de personal es una problemática constante en todo el sistema penitenciario estatal.
Por ello, en la semaforización aplicada por la dependencia, el rubro de estado de fuerza aparece en rojo en los 12 centros, al identificarse prácticas con fallas graves o ausencia de medidas.
Los centros peor evaluados fueron Jacala, Ixmiquilpan, Huichapan y Molango, con calificaciones de 3.99, 4.89, 5.01 y 5.03, respectivamente, lo que refleja las mayores carencias operativas.
El informe detalla que en Actopan hay 14 personas de estado de fuerza para atender a 289 PPL, lo que equivale a un custodio por cada 20 internos.
En Apan, la proporción es similar: nueve custodios para 175 personas; es decir, uno por cada 19; en Jaltocán 13 personas vigilan a 302 PPL, una relación de uno por cada 23, lo que incrementa la carga operativa diaria.
En Huichapan, la CDHEH no recibió información sobre el estado de fuerza, lo que impide analizar la suficiencia del personal, pese a que el centro alberga a 93 personas privadas de la libertad, entre ellas 15 adultos mayores, un sector que requiere atención diferenciada.
La presión sobre el personal se repite en Ixmiquilpan, donde 12 custodios atienden a 224 PPL, incluidos 49 indígenas, 14 personas de la diversidad sexual y 17 adultos mayores.
En Jacala, el mismo número de custodios resguarda a 104 personas, mientras que en Mixquiahuala apenas nueve personas de estado de fuerza están a cargo de 153 internos.
En Molango, 12 custodios atienden a 198 PPL, entre quienes se identifican 22 personas indígenas y 23 adultos mayores, lo que refuerza la exigencia operativa sobre un personal limitado.
El escenario más crítico se presenta en Pachuca varonil, donde 62 personas de estado de fuerza resguardan a 2 mil 277 internos, una proporción de un custodio por cada 36 personas privadas de la libertad.
A ello se suma una población diversa que incluye personas indígenas, con discapacidad, adultas mayores y extranjeras, lo que incluso obliga a solicitar traductores externos para la comunicación.
En el área femenil de Pachuca, la relación tampoco mejora: 11 custodias atienden a 328 PPL; es decir, una por cada 30 mujeres.
La insuficiencia de personal también se refleja en Tenango de Doria, con diez custodios para 119 personas; en Tula, donde 24 personas vigilan a 816 PPL, lo que equivale a uno por cada 34; y en Tulancingo, con 26 custodios para 652 personas, una proporción de uno por cada 25.
La CDHEH también incluyó dentro de la evaluación general del sistema, ya que el Centro de Internamiento para Adolescentes presenta una relación distinta: nueve guías técnicos para 18 adolescentes, siendo el único de los evaluados que se salvó del color rojo.
En conjunto, los datos mostraron una sobrecarga estructural del personal penitenciario, en el que la falta de custodios limita la supervisión, el control interno y la atención adecuada de una población cada vez más diversa y numerosa dentro de los centros penitenciarios de la entidad.
