Fotografía: Especial

 

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, hicieron pública una acusación formal contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Mediante un comunicado de parte del gobierno estadunidense, los imputados enfrentan cargos por la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como delitos con armas; en particular Juan Valenzuela Millán, quien también es acusado de secuestro con resultado de homicidio.

La DEA reveló la lista de los funcionarios de Morena, entre los que se encuentran: Rúben Rocha, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador y expresidente del Poder Judicial de Sinaloa; Juan de Dios Gamez Mendivil, presidente municipal sustituto de Culiacán.

Así como Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de policía de investigación; Gerardo Mérida- Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

José Antonio Dionisio Hipólito; exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán.

De acuerdo con la acusación, la organización ha convertido a Sinaloa en un eje del narcotráfico internacional, con vínculos en América Latina y Asia.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.

La dependencia señaló que tras una revisión preliminar, los documentos no contienen elementos suficientes para determinar responsabilidades, por lo que será la FGR quien evalúe la viabilidad jurídica.

También indicó que enviará un extrañamiento a la embajada de Estados Unidos por la difusión del caso, debido a disposiciones de confidencialidad.

Por su parte, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al considerarlas infundadas.

El gobernador de Sinaloa sostuvo que se trata de un ataque político y aseguró que demostrará su inocencia, al tiempo que defendió la soberanía nacional y el marco constitucional mexicano.

En tanto, que en entrevista para la agencia Latinus, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, reconoció que hay una solicitud para extraditar a Rubén Rocha.

Los documentos judiciales señalan que los acusados habrían protegido a integrantes del grupo criminal, filtrado información sobre operativos y facilitado el traslado de droga, a cambio de sobornos millonarios.

Asimismo, se les atribuye participación directa en actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos, como el caso de una fuente confidencial de la DEA en 2023.

Las investigaciones apuntan a nexos con la facción conocida como “Los Chapitos”, ligada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Este proceso forma parte de una ofensiva iniciada desde 2023 contra más de 30 integrantes del cártel.

 

FMS