Fotografía: Octavio Jaimes

 

A poco más de dos semanas de que venciera la medida cautelar impuesta a los tres acusados por el triple feminicidio ocurrido en Santiago Tulantepec, un tribunal de los Juzgados de Control de Tulancingo resolvió prolongar la prisión preventiva oficiosa hasta el próximo 28 de noviembre de 2026.

La determinación fue tomada este jueves durante una audiencia pública, luego de que el Ministerio Público solicitó revisar la medida cautelar, cuyo plazo concluía el 11 de agosto.

La representación social argumentó que la petición se sustentaba en lo previsto por el artículo 20 de la Constitución y el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante la exposición, la fiscalía explicó que el juicio ha sufrido un desfase de 109 días como consecuencia de ocho diferimientos de audiencia ocasionados por distintos factores, entre ellos la ausencia de testigos, cambios de defensores particulares y problemas de salud de algunos litigantes, derivados de cirugías y padecimientos estomacales.

Con esos elementos, el Ministerio Público pidió que la prisión preventiva se extendiera por el mismo periodo del retraso procesal.

Tras analizar la solicitud, el tribunal colegiado aprobó por unanimidad la prórroga, por lo que los tres procesados permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo mientras concluye el desahogo de pruebas y el caso avanza hacia la etapa de sentencia.

La jueza que presidió la audiencia también ordenó notificar la resolución a la dirección del penal y a las partes involucradas en el proceso.

Por su parte, los abogados de los imputados no formularon objeciones a la petición de la fiscalía y únicamente solicitaron que el tribunal resolviera el planteamiento conforme a derecho.

La siguiente audiencia quedó programada para el 3 de agosto a las 11:00 horas, cuando continuará la presentación de testimonios. La defensa aún debe desahogar la declaración de al menos una decena de personas, entre ellas los padres de dos de las víctimas, quienes fueron citados nuevamente, además de un perito.

Reclaman sentencia máxima

Previo al inicio de la audiencia, familiares de las víctimas volvieron a concentrarse en el exterior de los Juzgados de Control de Tulancingo para exigir que el proceso judicial concluya con la pena máxima para los responsables.

La manifestación se realizó a una semana de que se cumplan dos años del crimen ocurrido el 30 de julio de 2024 y estuvo acompañada de un llamado dirigido al gobernador Julio Menchaca y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que vigilen el desarrollo del caso.

Los familiares señalaron que mantenían la preocupación de que, al acercarse el vencimiento de la medida cautelar originalmente fijada para el 11 de agosto, los acusados pudieran obtener la libertad o la prisión domiciliaria.

“Estamos en protesta por exigir que se haga una pronta justicia. Tenemos entendido que el 11 de agosto se vence el plazo para estas personas y no queremos que estén en libertad, no queremos que salgan porque dicen que van a salir bajo arraigo domiciliario”, expresó el padre de dos de las víctimas.

En el mismo pronunciamiento, reiteró la petición para que las autoridades estatales y federales garanticen que los imputados permanezcan sujetos al proceso.

“Le hacemos un llamado al señor gobernador, a la presidenta, que no permitan eso porque estamos de acuerdo en que si salen se van a ir, no nos dan ninguna garantía. Les imploramos por favor que se nos haga justicia cuanto antes, no queremos llegar al 11 de agosto. Sentencia máxima, señor gobernador, para estos tipos. Usted sabe que no pueden andar libres en la calle, queremos justicia”.

Asimismo, los familiares convocaron a una nueva movilización el próximo 31 de julio en la comunidad de San Isidro, en Santiago Tulantepec, donde se ubica el domicilio en el que ocurrieron los hechos.

La invitación contempla acudir con veladoras y pancartas para rendir homenaje a las tres víctimas y mantener vigente la exigencia de justicia.

 

KNM