Fotografía: Especial
Avanzan las investigaciones en contra de Manuel Hernández Badillo, presidente municipal de Tula de Allende, derivado de la denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) porque no logró comprobar el destino de más de 60 millones de pesos asignados en 2021.
Octavio Magaña Soto, diputado presidente de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso local, informó que tras más de dos meses desde que se interpuso la denuncia penal, en este momento ya están en la etapa de integración de la carpeta en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
El legislador comentó que ante la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos públicos extraordinarios otorgados a la alcaldía de Tula en el ejercicio fiscal 2021, y a más de un año sin poder hacerlo, era necesario que se recabe la información necesaria para obtener las pruebas y evidencias suficientes para hacer justicia.
Magaña Soto afirmó que mantiene una comunicación constante con Santiago Nieto Castillo, encargado del Despacho de la Procuraduría, para darle seguimiento al caso y garantizar que la población del municipio de Tula tenga la certeza de que se hará justicia y no se quedará como un caso más de impunidad.
El legislador destacó que el presidente tendrá la oportunidad de presentar los testimonios y pruebas documentales que considere necesarios antes de una judicialización, si es que fuera el caso.
Pues hay que recordar que en 2021 se detectó la compra de colchones de mala calidad, se pagaron insumos y servicios para atender a la población afectada por la inundación, pero que aunque solo se reportó el gasto, no se presentaron documentos para probar estos gastos.
ECRL
