Fotografía: Cris Huerta

 

Álvaro Bárdales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría en Hidalgo, reveló que han identificado a al menos a 20 funcionarios que dobletean en cargos públicos.

Indicó que derivado de estos hechos han denunciado a algunos servidores públicos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y otros han regresado el pago de alguno de los dos cargos que ostentaban.

“Desde que iniciamos esta administración uno de los objetivos es que ningún servidor público puede estar desempeñando dos funciones. Creo que todo el mundo lo conocen, es imposible que un servidor público se encuentre en dos lugares al mismo tiempo”, expresó.

El contralor dijo que se trata de un trabajo que realizan cotidianamente, verificar que este tipo de casos no se presenten, aunque aceptó que sí han tenido muchos casos: “No es uno, sí hemos encontrado yo creo que alrededor de 20 casos en esa situación”.

Externó que les ha costado trabajo identificar a los funcionarios que tienen dos plazas, pues dijo que comúnmente laboran en diferentes ámbitos de gobierno, como en el municipal y estatal.

Asimismo, explicó que otros casos comunes son los maestros que tienen plaza y ganan algún cargo de elección popular en los municipios y no piden licencia al puesto de docentes.

“En el Poder Ejecutivo somos 84 mil servidores públicos. Ahí no puede haber duplicidades porque sino el mismo sistema (de información de funcionarios) arroja inmediatamente la inconsistencia. Pero si tenemos a alguien que trabaja en el Poder Ejecutivo y en algún otro poder o en los ayuntamientos, los sistemas no nos identifican de forma automática”, subrayó.

Bárdales Ramírez indicó que ante esta situación han presentado denuncias ante la PGJEH y dijo que al menos en cinco casos los funcionarios han regresado los salarios de alguno de los cargos.

El contralor estatal recordó que detectaron dos servidores públicos que laboraban en las Contralorías estatal y municipal de Pachuca.

Señaló que los montos que regresaron fueron de entre 200 mil y 300 mil pesos. Además, una funcionaria fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un año.