Fotografía: Erick Perales
El alcalde de San Salvador, Norberto Martínez, afirmó que “se extremaron” las condiciones durante su retención ocurrida el martes de la semana pasada, al señalar que, aunque no hubo agresiones físicas, fue expuesto a situaciones que afectaron su salud.
El edil contradijo la versión del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien negó la retención.
“El pueblo está muy politizado”, expresó al explicar que el municipio, con 42 de sus 44 comunidades dentro del catálogo de pueblos indígenas, enfrenta dinámicas sociales complejas.
Detalló que el conflicto surgió por la distribución de recursos públicos, ya que algunas comunidades están acostumbradas a recibir más apoyos según su capacidad de movilización; sin embargo, su administración aplicó criterios basados en población e índices de pobreza, lo que generó inconformidad.
Esto derivó en la toma de la presidencia municipal y el bloqueo de la carretera México–Laredo, a la altura de Caxuxi.
“Se extremaron. No me agredieron, pero no me dejaron sentarme ni ir al baño, lo que me provocó deshidratación y baja de presión”, relató; indicó además que, como médico, solicitó apoyo inmediato de Protección Civil.
Martínez señaló que no interpondrá denuncias al privilegiar el diálogo; añadió que la situación le impidió acudir a una reunión en el Congreso de la Unión, aunque envió representantes para gestionar recursos federales.
En materia financiera, informó que recibió el municipio con laudos laborales por más de 13 millones de pesos, además de adeudos por alrededor de 800 mil pesos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otros 800 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A ello se suma una deuda superior a los 3 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivada de la retención de ISR que no fue reportado por administraciones anteriores.
Actualmente, aseguró, su administración ejecuta 54 millones de pesos, de los cuales 41 se destinan a obra pública.
En este rubro, destacó que el municipio era el número uno en observaciones por parte de la Contraloría debido al uso recurrente de adjudicaciones directas, sin comités de adquisiciones ni padrones de proveedores.
Ante ello, optaron por implementar procesos de licitación para mejorar la transparencia, aunque reconoció que este cambio ha generado resistencia en algunas comunidades acostumbradas a esquemas anteriores.
