Fotografía: Especial

 

Con la incorporación de nuevos delitos, el aumento de sanciones y la armonización de la legislación estatal con el Código Penal Federal, el Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad una amplia reforma penal que modifica diversas disposiciones para fortalecer la protección de víctimas, especialmente de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y grupos en condición de vulnerabilidad.

El dictamen, presentado por la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, Mónica Reyes Martínez, fue avalado con 27 votos a favor.

Entre los principales cambios destaca la creación del delito de acecho, que castigará con tres meses a dos años de prisión y multas de 10 a 40 UMAs (de aproximadamente mil 173 a 4 mil 692 pesos) a quien siga, vigile, acose o mantenga comunicación insistente con una persona de forma reiterada, ya sea de manera presencial o mediante medios digitales, cuando ello le provoque temor.

La pena podrá duplicarse si la víctima es menor de edad, existe una relación de confianza o subordinación, se incumple una orden de protección o el responsable es servidor público.

La reforma también incorpora el delito de cohabitación forzada, que sancionará con cinco a nueve años de prisión y multas de 200 a 500 UMAs (equivalentes a entre 23 mil 462 y 58 mil 655 pesos) a quien obligue, induzca o gestione la unión informal de menores de edad o personas que no puedan comprender el significado del hecho.

Si la víctima pertenece a un pueblo indígena o afromexicano, la pena aumentará hasta en una mitad.

Además, se crea un delito específico para castigar las llamadas terapias de conversión, con penas de uno a tres años de prisión y multas de 150 a 300 UMAs (de 17 mil 596 a 35 mil 193 pesos) para quienes las realicen, financien o promuevan.

La diputada de Morena, Tania Meza Escorza, afirmó que estas prácticas constituyen actos de tortura y destacó que separarlas del delito de discriminación facilitará su persecución penal.

Las modificaciones también fortalecen el delito de abuso sexual, incorporan el hostigamiento como conducta en la cobranza extrajudicial ilegal, agravan las penas por homicidio y lesiones cuando se utilicen drones de forma dolosa y endurecen las sanciones por violación a la intimidad sexual y hostigamiento sexual cuando las víctimas sean personas con discapacidad.

Durante la discusión, Paloma Barragán señaló que la tipificación de la cohabitación forzada impedirá que los usos y costumbres sean utilizados para justificar la entrega de menores, mientras que la priista Johana Hernández destacó que Hidalgo se convirtió en la entidad número 16 del país en tipificar este delito.

 

KNM