Fotografía: Erick Perales

 

La propuesta para modificar el marco legal de los pueblos indígenas enfrenta el rechazo de organizaciones que cuestionan tanto su contenido como la forma en que se pretende consultar a las comunidades.

El Movimiento Indígena Nacional (MIN) y el Movimiento Indígena de Hidalgo (MIH) fijaron postura en la Fundación Arturo Herrera Cabañas, donde acusaron que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fragmenta la autonomía comunitaria y condiciona la personalidad jurídica a dictámenes.

Los representantes sostuvieron que no existe consentimiento de las comunidades sobre un proyecto que, afirmaron, reúne más de 400 artículos y aborda alrededor de 30 materias, por lo que consideraron inviable analizarlo en jornadas de apenas dos horas.

“Reforman las leyes a modo” y “buscan imponer su ley”, acusaron durante el encuentro, en el que también advirtieron que no respaldarán proyectos que pongan en riesgo el agua, la biodiversidad o la vida de las comunidades.

Otro de los reclamos se dirigió al Congreso de Hidalgo, al que señalaron por mantener pendiente una consulta que, desde su perspectiva, debe realizarse con información suficiente y mediante mecanismos acordes con las formas de organización de los pueblos, cuya máxima autoridad, señalaron, es la asamblea general comunitaria.

Los inconformes recordaron además que desde 2022 han planteado diversas peticiones al Ejecutivo estatal, entre ellas la creación de una Secretaría de Pueblos Indígenas, sin que, aseguraron, sus acuerdos hayan sido atendidos.

Asimismo rechazaron los foros regionales que realiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para definir la acción afirmativa de candidaturas indígenas rumbo a las elecciones de 2027, señalaron que el organismo electoral pretende asumir atribuciones que, según su interpretación del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), corresponden al Congreso local. Advirtieron que recurrirán a los tribunales si los trabajos continúan.

Los representantes afirmaron que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sostuvieron que corresponde a los propios pueblos indígenas determinar los mecanismos para acreditar la autoadscripción calificada.

“Solo los pueblos indígenas podemos decidir cómo es esta autoadscripción calificada”, señalaron, al tiempo que llamaron a las comunidades a analizar el proceso y no aceptar una consulta que, consideran, no se desarrolla conforme a derecho.

 

KNM