Fotografía: Especial
Por las malas prácticas en el servicio público, al menos 10 servidores públicos de áreas como la Defensoría Pública, el Registro del Estado Familiar y el Instituto de la Función Registral de Hidalgo han sido separados de sus funciones o enfrentan procesos administrativos, de acuerdo con los titulares de estas dependencias.
Ciro Juárez González, director general del Instituto de la Defensoría Pública, informó que cinco servidores han sido separados de su cargo, además uno de ellos está bajo investigación, luego de denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas solicitudes de dinero a personas usuarias. “Me es lamentable informar que sí hay servidores públicos, pero más lamentable sería que lo ocultara”, señaló.
En tanto, Celia Ramírez Godínez, directora del Registro del Estado Familiar, informó sobre dos casos, una persona ya no labora y otra permanece suspendida de sus actividades; ambas están vinculadas a proceso y en etapa de investigación complementaria.
Uno de los expedientes está relacionado con el presunto robo de documentos utilizados por la dependencia y el otro con el cobro en efectivo de trámites que debían pagarse mediante depósito bancario, de acuerdo con la directora, en este último caso, el periodo auditado, de agosto de 2025 a enero de 2026, contempló alrededor de 300 mil pesos.
Por su parte, José Luis Álvarez Tagle, titular del Instituto de la Función Registral, informó que existen tres procesos administrativos ante el Órgano Interno de Control por casos relacionados con desempeño irregular y desaparición de bienes del estado; señaló que los servidores involucrados ya no se encuentran en funciones.
Los tres funcionarios llamaron a la población a denunciar cualquier cobro irregular, acto de corrupción o conducta indebida detectada durante la realización de trámites o servicios públicos.
