Fotografía: Especial
La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, según informó el diario español El País.
“El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial al que ha tenido acceso El País”, señala el medio.
“La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó después de que el letrado transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México”, publicó El País.
La fortuna del abogado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.
La investigación de Andorra se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado.
El País también publica que la reciente detención de Collado por blanqueo de capitales ha dado un vuelco al caso y reactivado su investigación en el Principado.
“El pasado 31 de julio, la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76,540,582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas ‘todavía no conocían’, por lo que no se puede esgrimir que se trata de ‘cosa ya juzgada’ en México”, añade El País.
Cabe recordar que el pasado 9 de julio, Juan Collado fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México, cuando comía con Carlos Romero Deschamps en un restaurante de Polanco.
El abogado es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones de la FGR se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en ese estado.
SJA
