Fotografía: Especial
Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán.
Processo informó que esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43 por ciento. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental.
Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal.
Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia.
Para la expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas. En las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron aprobadas, Enerall contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar daños medioambientales.
Actualmente se desconoce cómo las implementaron y los resultados. Profepa no ha practicado auditorías para verificar el cumplimiento de esas disposiciones y Conagua tampoco ha realizado evaluaciones para analizar la calidad del agua en los predios de la empresa.
El cenote, de hecho, fue tapado a pesar de que en las MIA Enerall había aceptado preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de permisos para intervenir el que fue destruido, según la averiguación de Profepa, que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una clausura temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.
Así lo revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).
El trabajo implicó la formulación de más de 1,500 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, la obtención de más de 1,000 documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis de más de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
SJA
