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El pasado mes de abril, la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, “Ministro Manuel Yáñez Ruiz”, a través de su directora, la C.P. Aleyda Hernández, convocó a un evento en el que el maestro Omar Martínez Báez, un destacado estudioso de los derechos humanos y quien esto escribe, analizamos el amparo en revisión 307/2016, resuelto por la primera Sala de la Suprema Corte, sea dicho de paso, el mismo le correspondió a nuestra paisana la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

La Ley General establece la obligación de toda persona de acceso al derecho a la educación, definiendo este como el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Mucho se ha dicho que esta parte normativa contemplada en los artículos transitorios que amplía el periodo de la presidencia de quien encabeza el Poder Judicial Federal y de algunos consejeros de la judicatura es inconstitucional, por lo que se expresará, a consideración de quien esto escribe, desde la Visión Constitucional, esta afirmación.

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, envió como iniciativa preferente la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo, en plena congruencia con una cruzada que ha emprendido para hacer frente a este mal que no es privativo de estado o del país, sino del mundo.

Desde la Visión Constitucional, en este mismo espacio dábamos cuenta de los puntos trascendentes en los cambios que se habían alcanzado en la reforma concerniente en materia de la instancia jurisdiccional federal, como: transformación en su estructura, incorporación de un nuevo sistema de precedentes, fortalecimiento de la carrera judicial, otro intento de que la Suprema Corte se consolide como tribunal constitucional, defensoría pública y otros temas del orden procesal.