Los periodos para ocupar los cargos de elección popular están establecidos en el marco constitucional y obedecen a una lógica de renovación democrática y de sucesión periódica, cumpliendo con ello esencia republicana de nuestra forma de gobierno. Sin embargo, esto se ha desvirtuado gracias al afán centralista de un sinnúmero de normas y reformas electorales, así como de otro tipo que se han venido sucediendo.
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El juicio de amparo es un medio de control constitucional para hacer cumplir los mandatos de la carta fundamental en materia de derechos, esto es, protege la llamada parte dogmática de la constitución que es la que contiene los derechos de todas las personas.
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Este día el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo cumple 150 años desde su instalación. En este siglo y medio en que se erigió nuestra entidad federativa, la misma hubo de tener una organización política que inició en el propio decreto de creación con el nombramiento de un gobernador provisional que fue designado por el propio presidente de la República Don Benito Juárez y con la aprobación del Congreso de la Unión; a este ejecutivo provisional le correspondería convocar a elecciones de los integrantes de la cámara de diputados local y de igual forma nombrar a los magistrados del poder judicial.
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El juicio político al igual que el juicio de procedencia o “desafuero” que se abordó en la entrega anterior, es un medio de control constitucional relacionado con la responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho vulnerando con ello marco constitucional, esto es así, pues no cualquier base de procedimiento contemplado en el máximo ordenamiento del país, da origen a un medio de control de este tipo. Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 109 fracción primera del texto constitucional federal:
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En dos entregas anteriores se ha comentado sobre los controles de constitucionalidad como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, unas para ajustar el actuar de las autoridades al marco del Código Fundamental y las otras para hacer valer la supremacía del mismo sobre los textos legislativos. En esta ocasión se abordarán las responsabilidades que tienen los servidores públicos y la forma de ser tratados en el marco del documento supremo del país.
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