Fotografía: Nelly Téllez
El reto de las autoridades electorales a partir de ahora es el de tener una ruta sobre cómo estudiar y calificar los documentos de los partidos políticos que registran personas bajo la autoadscripción indígena sin perpetuar estereotipos, pues debe importar más garantizar los derechos político-electorales.
Roselia Bustillo Marín, investigadora de la Escuela Jurídica Electoral, explicó que el pasado proceso electoral fue un primer ejercicio tanto a nivel federal como local respecto a los distritos indígenas, que si bien se dio el primer paso para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales y acceso a cargos de las personas indígenas.
Lo que sigue ahora es el de tener un parámetro válido y no discriminatorio sobre cómo evaluar los registros de partidos respecto de aquellas personas que se dicen ser indígenas, pues hacerlo respecto de su identidad es subjetivo y no se puede medir, por ello se tienen que encontrar mecanismos alternativos factibles.
Subrayó que autoadscribirse como indígena y tener un vínculo con la comunidad deben pesar sí; pero lo que no se puede hacer es estereotipar, “una persona indígena no se define por fenotipos, por su forma de vestir, de hablar o no la lengua, qué come o por su color de piel”.
Por si esto fuera poco, en el imaginario social se cree que al garantizar la representatividad del pueblo indígena, la persona tiene la obligación de hablar por su pueblo y no es así. Ya que se trabaja para dar acceso a todos los sectores poblacionales a espacios donde tengan voz, darles representatividad y hablen por el tema que sea.
Ya que precisamente esta creencia es un obstáculo, de ahí la necesidad de crear herramientas jurídicas claras que den representatividad a todos los sectores de la población, y que si llegan a hablar por estos segmentos bien; pero si no pasa nada y no se deben caer en prejuicios.
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