Fotografía: Edén Torres
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) participará en la organización de una Consulta Nacional para la elaboración de las iniciativas de Leyes Secundarias de la Reforma Educativa publicada en mayo pasado.
Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES, explicó que a invitación de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal volverán a colaborar para realizar aportes sustanciales sobre los contenidos de las leyes secundarias que son: la Ley General de Educación Superior, así como la de Ciencia y Tecnología con las que se va a fortalecer a instituciones de educación superior.
De esta manera se harán seis foros regionales en las universidades autónomas de Nuevo León, de Tabasco, Puebla, en Ciudad Juárez, la de Guadalajara y en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES donde especialistas, académicos y profesionales participen para enriquecer este andamiaje jurídico.
Destacó que como parte de la visión que se buscará plasmar para transformar la educación superior se tienen cinco puntos que son: mejor gobernanza del sistema de educación superior, ampliación de la cobertura, mejora de la calidad en la educación superior, ejercicio pleno de la responsabilidad social, y finalmente, certeza jurídica y presupuestal para instituciones de educación superior.
Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República, destacó que la autonomía de las universidades está salvaguardada. Pero que ahora el reto a vencer es el tema presupuestal para las universidades públicas, pues este tema las limita.
«Tenemos que discutir cómo se va a ampliar el presupuesto para la educación superior, no se trata solamente de cumplir los paradigmas básicos del artículo tercero constitucional, se trata de tener los recursos para poderlos cumplir y en este sentido hay temas que se deben discutir», dijo.
Ante este escenario planteó que los jóvenes que sí tienen recursos hagan aportaciones económicas, que universidades puedan quedarse con los recursos que producen para que los ejerzan como mejor convengan y que se les apliquen las auditorías pertinentes para evitar malos actos, así como que tengan presupuestos plurianuales para evitar viacrucis en la gestión de recursos y así planear a mediano plazo.
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