Fotografía: Edén Torres
El estado de Hidalgo tiene una de las peores legislaciones en materia de violación a nivel nacional porque el Poder Legislativo local sigue sin discutir el tema de la despenalización del aborto de manera oportuna y sin armonizar su legislación local con la federal para retirar los candados que impiden acceder a este derecho.
Bertha Miranda Rodríguez, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) Hidalgo, explicó que hasta el momento se sigue sin discutir el tema al interior de las comisiones en el Congreso local y que eso es igual a no haber presentado nada, porque no hay un dictamen oportuno que sea votado.
Advirtió que en Hidalgo les preocupa más el costo político que les pudiera generar esta aprobación, que la propia vida de las mujeres que tienen un embarazo producto de una violación, cuando a nivel nacional el marco jurídico legal permite acceder a la interrupción del embarazo bajo una forma segura y sin restricciones.
Situación que no ocurre en Hidalgo porque en el Código Penal se establece una temporalidad y una condicionante para hacerlo, cuando a nivel nacional eso no está plasmado y lejos de garantizar el derecho al aborto a las víctimas de una violación las limita.
Porque la mujer tiene que cumplir con estas condicionantes: denunciar el embarazo que denuncia la violación antes de saber de embarazada y dos, que esté dentro de los 90 días, porque aunque si estuviese dentro de los 90 días; pero denunció la violación cuando se sabía embarazada entonces el juez no puede autorizar la práctica de la interrupción del embarazo.
Hecho que también es violatorio, porque a nivel nacional en la norma 046 se establece que la mujer podrá solicitar la interrupción del embarazo sin un consentimiento o una autorización del Ministerio Público porque no es necesario, simplemente debe elaborar una carta simple de solicitud, bajo protesta de decir verdad, donde ella menciona que el embarazo es producto de una violación y por lo tanto solicita la interrupción voluntaria del embarazo tendrá que ser el Sistema Nacional de Salud quien garantice este derecho.
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