Fotografía: Especial
Diputados locales proponen que como parte de los requisitos de elegibilidad para contender por algún cargo popular en la entidad hidalguense se pida que las personas no hayan sido sentenciadas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Esto forma parte de la propuesta legislativa de los grupos parlamentarios del PRI, Morena, PAN, PT, PNAH, PESH y la diputada, Areli Rubí Miranda Ayala, todos del Congreso local quienes coinciden en la necesidad urgente de reducir el maltrato e intimidación que sufren las mujeres al incorporarse al círculo político.
Pues lamentablemente aún no pueden ejercer al 100 por ciento sus derechos político-electorales en la entidad, por ello se propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Hidalgo, así como el Código Electoral local para detallar las conductas que constituyan este delito y las sanciones aplicables.
De esta manera se contempla que quien obstaculice la afiliación política, oculte información para impedir la toma decisiones o el desempeño de sus funciones, incluso si proporciona a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro.
También si se obstaculiza la precampaña o campaña política impidiendo con ello que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad si no se les garantiza el acceso a las prerrogativas económicas, entre otras acciones que dañen su dignidad, integridad o libertad, todas estas conductas podrán ser sancionables.
SJA
