Fotografía: Especial
Con el objetivo de apoyar a las personas que sean concesionarias, permisionarias u operen el transporte público cuando sean víctimas de algún tipo de delito, se propone reformar la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo para que estas personas estén libres del pago de algunos derechos.
La diputada local, Areli Rubí Miranda Ayala, señaló que la obligación del Estado es la de procurar la seguridad de la ciudadanía, de modo que resulta ilógico e inhumano que encima de que no pudo cumplir, todavía cobre por derechos administrativos tendientes a recuperar la operatividad de su concesión o permiso tras ser víctima de un delito.
Ya que, la multa a la que están sujetas estas personas en caso de no dar aviso a las autoridades de transporte por el robo de sus documentos de identificación como placas, engomado o tarjeta de circulación, asciende hoy en día entre los 1,792 a 2,688 pesos, sin contar los gastos administrativos y la recuperación del vehículo o documento robado.
Por ello se propone que una vez sea ratificada la denuncia por el robo de los documentos de identificación, sea la autoridad ministerial la que dé aviso dentro de las 72 horas siguientes a la comisión del hecho delictivo a las autoridades del transporte para evitar el pago de cualquier multa por los trámites de reposición.
“Con ello, le quitamos esta carga administrativa al transportista que ha sido víctima de delito y, por otro lado, prevenimos en beneficio del victimado, la posible emisión de una multa y mantenemos actualizados los archivos de las autoridades de transporte” dijo.
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