Fotografía: Especial

 

Integrantes del Congreso local exhortaron a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOT) para que sancione a la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita S. A. de C. V. ubicada en el municipio de Atotonilco de Tula por incumplir reiteradamente con sus obligaciones.

Se informó que ya no se debe permitir que la empresa opere de forma irregular sin consecuencias, ya que los habitantes de la comunidad El Refugio y localidades vecinas por más de 15 años han denunciado las diversas problemáticas a las que deben enfrentarse y no han obtenido una respuesta clara y contundente.

Por si fuera poco, el 20 marzo de 2019 se emitió un dictamen sobre el estudio de impacto urbano y vial relativo a la regularización de la planta emitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial en el que se plasman 19 acciones compensatorias y mitigatorias a modo de resarcir los principales consecuencias negativas por su operación descuidada.

Como parte de algunos puntos se le solicitó a la empresa atender aspectos como la disponibilidad de agua y el tratamiento de las aguas residuales, mejorar la imagen de la comunidad, plantar árboles, realizar un tratamiento adecuado de los residuos sólidos, entre otros; pero esto no se ha atendido y las afectaciones siguen acumulándose.

Derivado de la negativa de la empresa para ser responsable y atender los llamados de las autoridades, es procedente que la SOPOT pueda sancionarlos de acuerdo a lo establecido a la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo.

Donde se establece que puede aplicarse desde la suspensión, la clausura temporal o definitiva, desalojo del inmueble, por mencionar algunas, así como una multa de 500 a 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que hoy en día podría ir desde los 44,810 a los 179,240 pesos.
No obstante, de forma adicional se deberá obligar a la empresa a cumplir con sus obligaciones; pero sobre todo a que atienda con las medidas compensatorias y mitigatorias incorporadas en el dictamen antes referido, priorizando aquellas que se relacionan con la mejora del alumbrado público, la vialidad y el transporte.

 

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