Fotografía: Especial
Para evitar que los municipios hidalguenses lucren injustificadamente con la entrega de información que solicite la ciudadanía en su derecho de acceso a la información pública, el Congreso local deberá garantizar que las leyes de ingresos municipales de 2022 tengan cuotas razonables.
El tarea que tendrá la nueva legislatura local, que asumirá sus funciones en septiembre próximo, será atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contenida en la acción de inconstitucionalidad 104/2020 y abstenerse de expedir normas contrarias a la normativa federal en esta materia.
Hay que referir que en el 2019 la LXIV Legislatura de Hidalgo aprobó las leyes de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2020, mismas en las que se respaldaron costos para la entrega de información injustificados, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para revertir esto.
Pese a que la actual legislatura alegó en su momento que no cometió ningún error y que estaban facultados para aprobar esas cifras, la SCJN evaluó las leyes de ingresos municipales y llegó a la conclusión que se cometieron abusos, pues se aprobaron cifras para la entrega de información en un disco compacto desde los 10 pesos hasta los 247 pesos, incluso en 2021 también se tiene una disparidad en los costos.
Dentro de esta sentencia se señala que se deberá privilegiar la gratuidad de la información como lo mandata la normativa general en la materia; pero que de ser necesario, los costos no podrán ser superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.
Por ello las y los nuevos diputados locales tendrán que verificar que las propuestas de leyes de ingresos que envíen los municipios en el mes de noviembre próximo no tengan costos excesivos y desproporcionados, que de tenerlos se tendrán que ajustar para apegarse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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