En el aniversario 153 del estado de Hidalgo

 

“Tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”.

Ley Federal de Revocación de Mandato

 

El centésimo quincuagésimo tercer aniversario de nuestra entidad federativa se presenta con grandes expectativas para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; un primer elemento será la realización, en el caso de que se obtengan el número de firmas a nivel nacional, para solicitar por parte de la ciudadanía, el inédito ejercicio de la revocación del mandato.

Esta figura incorporada al marco constitucional nacional desde el año 2019 y apenas regulada por una legislación secundaria hecha al vapor en la pasada anualidad, representa un ejercicio democrático, donde los ciudadanos exigen, que, así como eligieron a un gobernante, el mismo mandato pueda ser revocado por el pueblo.

Desde luego que este ejercicio revocatorio en las actuales condiciones de una mantenida popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador parece innecesaria; el resultado que la lógica apunta es que el mandatario continuará en su cargo hasta su conclusión en el año 2024.

Pues esta institución no es una “ratificación” del actuar presidencial, de ahí las dificultades para conseguir el mínimo de apoyos para la realización de la consulta, que evidencia que a los ciudadanos no les interesa que el titular del Ejecutivo federal deje su encargo anticipadamente.

La dificultad que se vislumbra pare el ejercicio de ese ejercicio ha sido la presupuestal, que si bien los tribunales, en este caso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han ordenado la realización de la consulta por su incorporación a la Carta Suprema del país, lo cierto es que ahora la reflexión radica en cómo se cumplen obligaciones sin presupuestos o al menos con disminuciones que no garantizan el ejercicio pleno de lo proyectado por los expertos.

El otro tema será la renovación del Poder Ejecutivo Estatal. La autoridad electoral ya se declaró lista para su organización con el acompañamiento del Instituto Nacional Electoral en temas claves para su desarrollo; a nivel nacional será seis gubernaturas las que estarán en juego, incluyendo la hidalguense y los partidos se alistan para presentar su oferta política y a sus candidatos.

Desde la Visión Constitucional este tema adquiere un propio matiz, ya que mientras a nivel nacional se requirió a los institutos políticos adquirieran el compromiso de la postulación de candidaturas con equidad de género, en el caso hidalguense se realizó una reforma en donde los partidos deben de cumplir dicha política postulando a una persona de distinto género a la de la elección anterior, así lo señala el artículo 62 segundo párrafo de la Constitución de Hidalgo: “Los partidos políticos deberán alternar el género en la candidatura para cada periodo electivo”.

Sin embargo, en el sistema electoral trasnochado que sea construido en México desde 2016, el tema se torna interesante, pues mientras que la autoridad nacional de elecciones emitió unos “criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2021-2022”; en los cuales estableció la obligación de los partidos políticos nacionales para registrar a candidatas en, al menos tres de las seis entidades que renovarán las titularidades de sus Poderes Ejecutivos en 2022, ello con independencia de la alianza electoral que establezcan para cada contienda.

Inclusive esto se traslada a los partidos locales, al señalar que deberán postular preferentemente una persona del género distinto a la registrada en la elección anterior, y en caso de ser de nueva creación deberán postular preferentemente a mujeres como candidatas.

La oferta política de los candidatos propuestos por los partidos atravesará por una serie de interpretaciones y posiciones, resultados de un federalismo alejado de su naturaleza y esencia, por cambios sin conocimientos históricos y prácticos que obedecen más a coyunturas que a la esencia de las cosas.

 

Visionare. Los derechos ahí están, ahora es cuestión de su ejercicio responsable.

 

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