Fotografía: Especial
Debido al incremento de hechos violentos en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a la insuficiencia de políticas públicas encaminadas a garantizar un ejercicio libre de su actuar, se propone fortalecer el marco jurídico local a fin de establecer los mecanismos que garanticen la vida, integridad, libertad y la seguridad de estas personas cuando que se encuentren en una situación de riesgo.
El diputado local, Roberto Rico Ruiz, afirmó que es necesario modificar la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Hidalgo para proteger la integridad estás personas a través de dotar al Estado de los instrumentos necesarios para combatir los delitos cometidos contra estas personas, que por su labor, las convierte en trabajadores vulnerables.
De esta manera, como parte de la iniciativa se entenderá que una agresión será todo daño a la integridad física, psicológica, moral, patrimonial o económica, amenaza, hostigamiento o intimidación que sufran directamente las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras, así como a sus parejas, familiares en línea recta o colateral hasta el segundo grado, así como dependientes o personas que tengan o hayan tenido relación y convivencia con estás personas. Cuando se configure la agresión se procederá a emitir las medidas de protección necesarias.
También se establece el mecanismo para integrar el Consejo Consultivo, el cual deberá estar conformado por siete consejerías, de las cuales dos deberán ser para personas defensoras de los derechos humanos, dos periodistas y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos o privados con experiencia en estas materias o en la evaluación de riesgos y protección, a sus deberán tener suplentes.
Para formar parte del Consejo, el Congreso local emitirá una convocatoria, el cargo será honorífico, es decir, no percibirán salario alguno y tendrán la tarea de ser un órgano de consulta de la Junta de Gobierno para las actividades que se pongan en marcha.
Refirió que las agresiones no son más que mensajes dañinos de que quien investigue y publique información que afecte a intereses poderosos, lo que provoca lamentablemente la autocensura y que la impunidad siga prevaleciendo, por ello es urgente que la ley funcione bien y no quede en letra muerta, otra vez.
