Fotografía: Nelly Téllez 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) advirtió que ante la ausencia de un área de detención en el municipio de Metztitlán se generaron una serie de violaciones legales y de derechos humanos que deben investigarse y de ser necesario, castigarse.

 

Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la CDHEH, explicó que tras realizar una revisión en los municipios para verificar el grado de cumplimiento ante la recomendación general que se hizo el año pasado, detectaron que Metztitlán no solo carece de un área de detención, sino que además realizaba detenciones y traslados sin fundamento jurídico al municipio de San Agustín Metzquititlán.

 

Por si esto fuera poco, durante la investigación, el ayuntamiento de Metztitlán falseó información, argumentó que aplicaban un protocolo de actuación en relación a traslados y custodia de personas detenidas por faltas administrativas, el cual no tiene ninguna validez por no estar regulado legalmente, por incumplir con la normativa de nacional como elementos de seguridad pública.

 

Todo esto afectaba a las personas detenidas, que tan solo de enero de 2022 a noviembre de 2023, se detectó que la policía de Metztitlán detuvo a 150 personas, de las cuales, 77 fueron trasladadas y recibidas en San Agustín Metzquititlán, las liberaciones se hacían por WhatsApp o vía telefónica, una vez que se hacía el pago en Metztitlán, personas que debían trasladarse a su lugar de origen con sus propios medios o tras pedir prestado al personal de San Agustín Metzquititlán.

 

Ante este escenario, el ayuntamiento de San Agustín Metzquititlán no queda libre de estas faltas y debe no solo mejorar la infraestructura de los espacios de retención, sino que también tiene identificar a los 10 agentes que no han sido debidamente certificados y registrados en el Sistema a través de la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP).

 

También se dio vista al OIC de este municipio para que revise las acciones y omisiones en que incurrieron las personas servidoras públicas en los presentes hechos y de ser necesario dar inicio a los procedimientos legales respectivos para determinar la responsabilidad.

 

 

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