Fotografía: Especial
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) reportó nuevas irregularidades por un total de 138 millones 183 mil 778.88 pesos en su segunda revisión de la Cuenta Pública del 2023.
De acuerdo con el informe presentado por Jorge Valverde, la mayor parte de esta cifra corresponde a los municipios, con 57 millones 916 mil 730.26 pesos aún no solventados por administraciones anteriores.
Los cinco municipios con mayores montos pendientes son: Tula (22 millones 379 mil 70.09 pesos), Tulancingo (16 millones 607 mil 267.37 pesos), Zapotlán (4 millones 703 mil 707.87 pesos), Apan (4 millones 469 mil 32.55 pesos) y Calnali (3 millones 408 mil 625.50 pesos).
En el ámbito del sector paraestatal y de organismos autónomos, la ASEH identificó irregularidades por 43 millones 771 mil 267.52 pesos.
Las instituciones con mayores montos por aclarar incluyen la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (16 millones 104 mil 795.70 pesos) y el Instituto Hidalguense del Deporte (13 millones 541 mil 656.08 pesos).
Además de la Universidad Politécnica de Pachuca (5 millones 672 mil 890.28 pesos), el Museo El Rehilete (1 millón 926 mil 140.80 pesos) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (1 millón 137 mil 770.20 pesos).
Entre los organismos descentralizados municipales auditados se observó un total de 36 millones 495 mil 781.10 pesos, destacando las siguientes entidades: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río (15 millones 211 mil 406.28 pesos), Comisión de Agua de Apan (4 millones 919 mil 318.83 pesos), Comisión de Agua de Zimapán (3 millones 149 mil 369.27 pesos), Comisión de Agua de Tula (2 millones 867 mil 122.26 pesos) y Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca (2 millones 388 mil 977.75 pesos).
El informe, presentado a la Comisión Inspectora de la ASEH del Congreso de Hidalgo, destaca como principales irregularidades la falta de documentación justificativa y comprobatoria, así como la existencia de pagos indebidos o duplicados. El auditor aclaró que los montos pendientes de solventar podrían ser recuperaciones, sin necesariamente implicar perjuicios a la Hacienda Pública del Estado o de los ayuntamientos.
Las entidades auditadas disponen de un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la notificación del informe, para aclarar las observaciones planteadas.
